Preocupado por un posible confinamiento, dado el aumento de contagios por covid y su efecto en la economía, se declara el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena. “Si hay una restricción muy importante, el efecto podría ser peor que cualquier proyección que hayamos hecho”, dice.
Esto, luego de un 2020 “donde todos nuestros planes se pusieron a prueba y la banca demostró de forma concreta apoyo a sus clientes, que tenemos un sistema bancario sólido que es un activo para el país. Nunca el crédito, incluso en los peores meses de caída del PIB, dejó de fluir”, sentencia.
—¿Cómo prevé el escenario de 2021?
“Haciendo simetría con el año pasado, las pymes han mantenido su crecimiento de casi 19% del crédito. Pero las grandes empresas desde noviembre han mostrado una desaceleración en torno a 1,5%. Esto obliga a pensar en incentivos para que el crédito siga fluyendo. También están la informalidad y la necesidad de políticas de inclusión financiera. Como banca, debemos mantener prudencia respecto del crédito y reforzar la capitalización. Con Basilea III, en los próximos 5 años —aunque depende del crecimiento del país—, debemos capitalizar en rangos entre US$ 10.000 millones y US$ 18.000 millones y mantener la competitividad”.
—¿Hay preocupación por las colocaciones y la morosidad?
“La morosidad es la más baja en muchos años y eso hay que cuidarlo. Además, los retiros del 10% ayudaron. En colocaciones al cierre de 2020, lo más probable es que estemos cerca de cero, porque el crédito de consumo cayó más del 15% y el crédito hipotecario está en tasas en torno al 6%. Vamos a tener el año más bajo de generación de activos sobre capital de los últimos 30, solo comparado con la crisis del 80. Sin embargo, tenemos mejor solvencia respecto de años previos”.
—¿Cuánto influyó el programa Fogape?
“Diría que el Fogape, en un comienzo tan cuestionado, donde dijeron que los bancos no estaban dando créditos, hoy suma casi 319 mil créditos aprobados y sobre US$ 15.000 millones. Sin embargo, solamente se medirá como exitoso cuando se demuestre que el deudor fue capaz de pagar”.
—¿Será igual de eficiente el Fogape 2 que se discute en el Congreso?
“El Fogape 2 contiene herramientas que permiten hacer postergaciones en hasta 12 meses en operaciones con dificultades, lo que es bueno, porque aún tenemos una situación de mucha incertidumbre. Otra cosa es la inversión, es plata nueva y hay que mirar muy bien ese crédito desde la perspectiva del riesgo porque esto no es subsidio y las garantías estatales no son un regalo”.
—¿Requiere perfeccionamientos?
“Tenemos que ver cómo se hace para que estos créditos nuevos sean factibles. Hay temas que hay que trabajar, porque este Fogape pretende un financiamiento que va hasta el 2028. ¿Cómo se logra ese financiamiento? ¿Va a ser 100% del Banco Central? ¿Vamos a tener que levantar fondos de nuestros depositantes e inversionistas? Y al mismo tiempo, debe ser coherente con la gestión del riesgo que permita una tasa razonable”.
—Se ha debatido fijar la tasa en el primer Fogape. ¿Es viable?
“Cada vez que se pone un techo a las tasas lo único que se logra es que segmentos de riesgo queden excluidos del proceso de crédito. Es diferente si la garantía estatal es del 100%. Pero acá la realidad es diferente, el administrador del Fogape nos mandata cobrar las garantías y debemos cumplir”.
Los riesgos de 2021
—¿La evaluación de riesgo será un tema relevante este año?
“La incertidumbre sanitaria afectó a la actividad comercial. También estuvieron los riesgos que implica la violencia, con destrucción de infraestructura y de los negocios. Eso genera incertidumbre, que se refleja en que tenemos sobretasas en los seguros por conceptos que nunca habían sido como cobrados, como el riesgo de vandalismo. Además, está el hecho de la incertidumbre jurídica en determinados rubros y la inversión en el largo plazo. Todos esos elementos los tenemos que ir gestionando. Desde el punto de vista de los bancos, por ejemplo, el proceso constitucional no es tema: son los elementos que mencioné que ojalá estén desterrados del ambiente”.
—¿Certeza jurídica asociada a políticas públicas?
“Hay iniciativas que intentan obligar a dar crédito; otras, impedir cobrar o exigencias de menor información. Necesitamos una agenda de política pública coherente, con foco en inclusión, en vez de este desgaste permanente con fines inadecuados”.
—Sobre la violencia, La Araucanía ha visto en los últimos días un aumento, en un fenómeno que lleva años. Hay pymes en la zona que señalan que la banca no les entrega créditos. ¿Es por esa razón?
“Lo de La Araucanía no es una situación de coyuntura, sino más bien que la provisión de servicios financieros tiene riesgos no pueden dejarse al lado, fundamentalmente de los seguros. Hace varios años que las compañías de seguro no están generando oferta asociada a maquinaria, camiones o cosechas. Ahí los bancos no tenemos mucho que hacer, es decir, existe voluntad, tenemos sucursales, hay jefaturas regionales, pero mientras no exista un nivel de seguridad mínimo, todos los productos financieros, no solo créditos, se ven restringidos”.
—¿Podría haber un Fogape para La Araucanía?
“Puede ser. El nuevo Fogape que se está conversando en Congreso plantea coberturas adicionales para algunos sectores, por ejemplo, de hotelería y turismo. Es razonable, en una situación tan fuera de contexto, que pueda haber coberturas mucho más amplias”.
—¿Cómo debería abordarse el problema de La Araucanía?
“No soy muy experto, pero entiendo que los gobiernos comienzan, terminan y no hay continuidad en una línea de trabajo. Hay gremios tratando de generar una línea de trabajo que no esté asociado a la urgencia política. Además, hemos visto un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico que no tiene nada que ver con las reivindicaciones indígenas. El rechazo a violencia como instrumento para reivindicar principios tiene que ser transversal, como fue en EE.UU., por ejemplo. Si eso no se logra, es que nuestra democracia está muy mal”.
